En un momento en el que las administraciones insisten en la importancia del que todos arrimemos el hombro, y donde parece que la iniciativa ciudadana, en forma de emprendimiento y puesta en marcha de ideas de negocio, tiene más importancia que nunca, hemos sabido que el Pleno del Parlamento de Andalucía ha aprobado la Ley Andaluza de Promoción del Trabajo Autónomo, convirtiéndose de esta manera en la primera comunidad autónoma de España en aprobar una norma de estas características.
Esta Ley nace con una dotación económica de 382 millones de euros hasta 2014, y en ella se reúnen todas las medidas lanzadas por la administración autonómica orientadas a respaldar un sector que en la actualidad supera la nada desdeñable cifra de 471.000 trabajadores por cuenta propia.
La nueva Ley se compone de un total de 18 artículos y 5 capítulos.
El primer capítulo recoge el compromiso de la Junta de elaborar un plan estratégico consensuado con los agentes socioeconómicos más representativos. Un documento con vigencia cuatrienal, en el que se incluirá un diagnóstico del sector y un sistema para evaluar la calidad de los servicios que la administración autonómica presta en este ámbito.
En el segundo capítulo se mostrarán las políticas activas de empleo dirigidas a autónomos, incluyendo incentivos directos para el inicio y el mantenimiento de los proyectos; bonificaciones y exenciones fiscales; disposiciones para facilitar la conciliación con la vida familiar, y una amplia batería de medidas de asesoramiento, asistencia técnica, promoción del trabajo en red, formación y reciclaje profesional.
Cabe destacar la creación del Distintivo Andaluz al Trabajo Autónomo de Excelencia, que reconocerá los proyectos más destacados desarrollados en el autoempleo.
Por su parte el tercer capítulo incluye el desarrollo de campañas de información, formación y asesoramiento técnico destinadas a mejorar la prevención de riesgos laborales, abriendo a su vez una línea de subvenciones con la que facilitar inversiones en vigilancia, seguridad y salud laboral.
El capítulo cuarto recoge la creación del Consejo Andaluz del Trabajo Autónomo, un órgano de participación de asociaciones y organizaciones representativas de los autónomos, que asesorará al Gobierno andaluz. Además, se creará un registro específico a través del que promover la constitución de asociaciones de este tipo de profesionales.
Por último, el capítulo quinto prevé la creación de un mecanismo de arbitraje específico para los trabajadores por cuenta propia, adscrito al Sistema Extrajudicial de Resolución de Conflictos de Andalucía (Sercla) que funciona en el ámbito general laboral.
Teniendo en cuenta que el trabajo por cuenta propia supone el 17% del Producto Interior Bruto regional, y que ,junto con las pequeñas y medianas empresas, absorbe el 80% del empleo, no parece que la puesta en marcha de este tipo de leyes estén de más en los tiempos que corren.
